La Familia Rosenthal sigue siendo el blanco de una serie de ataques y asedios organizados por un grupo de ex empleados de Diario Tiempo
Han escalado su campaña de intimidación de manera alarmante. Lo que comenzó como reclamos laborales ha evolucionado en una apología al odio dirigida únicamente hacia la familia, convirtiendo sus vidas en un constante estado de estrés y miedo. Esta táctica no solo busca reivindicar derechos laborales, sino que oculta un propósito más siniestro: darle continuidad al pacto que hicieron con Juan Orlando Hernández de destruir la imagen de los Rosenthal.
Sitiados en sus propias casas
Los actos de acoso han adquirido una nueva dimensión con el uso de pancartas y mantas que rodean las viviendas de los Rosenthal. Los ex empleados de Diario Tiempo se han plantado en las inmediaciones de las casas de la familia, gritando improperios y lanzando amenazas abiertas. Estas acciones, como el uso de carteles y mantas, denigrantes y mensajes intimidatorios han dañado emocionalmente y psicológicamente a la familia, en especial a los más vulnerables.
Las mantas y carteles son elaborados con la ayuda de Amílcar Hernández que en algún momento fuera el director de logística del diario y logró montar una empresa de servicios de impresión con el dinero que le dio el expresidente Juan Orlando Hernández y así apoyar de forma remota sin poner la cara con el resto de sus ex compañeros.
Amilcar Hernandez ex empleado de Diario con ayuda de Juan Orlando Hernandez montó un negocio lucrativo de servicios de impresión con el objetivo de apoyar al grupo de ex empleados de Diario Tiempo para la impresión de banners y pancartas, además financia la campaña con efectivo para las movilizaciones.
Incremento de la Intimidación
La intensidad y frecuencia de los ataques han ido en aumento. Este grupo de exempleados ha intensificado sus tácticas de intimidación, con una clara intención de mantener a la familia en un estado de estrés constante. El acoso no solo ocurre en el ámbito físico sino también en el digital, aunque en menor grado. Aunque los exempleados insisten en que sus acciones están motivadas por reclamos laborales, su objetivo es perpetuar el asedio y el miedo.
Violación de Derechos y Fundamento Legal
Los actos de acoso y hostigamiento perpetrados contra la familia Rosenthal son violaciones claras del Código Penal de Honduras. El artículo 207 establece que se impondrá prisión de seis (6) meses a dos (2) años y multa de cinco mil (5,000) a diez mil (10,000) lempiras a quien amenace a otro con causar un mal que constituya delito. Además, el artículo 202 especifica que quien de cualquier modo cause a otra persona un daño en su salud física o mental que no constituya delito mayor será sancionado con prisión de tres (3) meses a un (1) año.
Dada la gravedad y la persistencia de estos ataques, la familia Rosenthal tiene pleno derecho de demandar a este grupo de acosadores. Las leyes hondureñas claramente protegen a los individuos de tales actos de intimidación y violencia psicológica. Además, hay indicios de que estos exempleados están siendo financiados y manipulados, lo cual agrava aún más la situación y legitima la necesidad de una intervención legal inmediata.
Daños emocionales y Psicológicos
El constante acoso ha causado un daño significativo en el bienestar emocional y psicológico de la familia Rosenthal. Los miembros de la familia, incluidos los niños y los ancianos, han sufrido estrés, ansiedad y temor continuo por sus vidas ante las amenazas. Esta situación ha afectado gravemente su calidad de vida, obligándolos a vivir bajo un estado de alerta constante y limitando su libertad y tranquilidad.
Conclusión
La familia Rosenthal enfrenta un asedio constante que ha evolucionado de reclamos laborales a una apología al odio, impulsada por tácticas de terror y acoso. Amparados por los artículos 207 y 202 del Código Penal de Honduras, la familia tiene el derecho legítimo de demandar a sus acosadores y poner fin a esta campaña de intimidación. Es imperativo que las autoridades actúen con firmeza para proteger a la familia Rosenthal y asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia.